Por Dr. Eduardo Luis Andriotti Romanin Precandidato a Diputado Nacional por el Frente Progresista.
Nuevamente uno de los iconos de la corrupción argentina Ricardo Jaime ha sido procesado por la Justicia Federal imputándolo del delito de Dadivas. Para los legos que nos leen, Dadivas, es recibir de terceros potencialmente beneficiarios de algún contrato o pago de un proveedor o que preste servicios para el Estado, y en los cuales el que recibe la dadiva tiene el poder de decisión. En otras palabras, es recibir regalos a cambio de favores, el accionar por el cual se lo ha procesado a quien junto a Boudou simbolizan la corrupción de la década ganada.
Sin embargo, lo grave de la noticia es que quien fue el otorgante de regalos es hoy el beneficiado por un contrato con el Estado Nacional para hacerse cargo del mantenimiento del nuevo y reciente Centro Cultural Nestor Kischner. Es el mismo que se cuenta entre los imputados por la masacre del 11 y que lleva por nombre el apellido Cariglino, a quien en esta ocasión se lo ha beneficiado con un contrato cuyo monto supera los 400 millones de pesos.
Nosotros hemos dicho que no hay democracia con impunidad y que para que esa impunidad no se consagre es necesaria una efectiva investigación de los hechos de corrupción. Premiar al corrupto es hacer que la corrupción se reitere y que aquellos que no lo practican se encuentren en inferioridad de condiciones con relación a los corruptos.
Así como propusimos una ley que declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, también creemos necesario generar los instrumentos institucionales que nos permitan investigar y sancionar los múltiples actos de corrupción realizados en los últimos 20 años de vida argentina, una especie de Consejo Nacional contra la impunidad CONAIM que, a semejanza simbólica de la CONADEP, nos garantice una revisión integral de las denuncias de los hechos de corrupción en la función publica, que a su vez, termine con los fallos espurios y la consagración de la cosa juzgada irrita en caso de decisiones fraudulentas, se promovió la apertura de las causas con la congruente responsabilidad de los jueves y fiscales que intervinieron, también hay que crear un sistema de promoción y protección de denunciantes y testigos de buena fe que les de garantías de que sus denuncias o testimonios no le significaran represalias.
Pero, asimismo, es necesario crear un plan federal anticorrupción que dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación consagre un Consejo Federal de Transferencia y Combate a la corrupción. Quedan propuestas importantes para esta lucha sin cuartel, como pueden ser darle un uso nuevo a la Oficina Anticorrupción seleccionando un director por Concurso y con mandato fijo, permanente e irrevocable, crear un Régimen Nacional de Sociedades que articule con el Registro de la Propiedad a los efectos de contar con una base de datos única de información para evitar maniobras que encubran hechos de corrupción.
En suma, estos son algunas de las medidas que los argentinos con Stolbizer Presidente vamos a dar a partir de 2016 a lo largo y ancho de todo el país, una batalla cuya importancia trascendental se vera consagrada en las próximas décadas: acabar con la corrupción es redistribuir los ingresos entre los sectores mas vulnerables y permitir que la función publica vuelva a ser un servicio que le brinden los gobernantes a los gobernados y deje de ser un servicio que se prestan a si mismos los gobernantes perjudicando a los gobernados y a la Nación misma.
Lo que debería ser una practica común y una conducta humana que se llama DECENCIA es hoy una excepcionalidad entre aquellos que administran en la llamada década ganada. Nombres como Palacios, Lisandro de La Torre, Arturo Illia, y Don Oscar Allende son ejemplos de que otra Argentina fue posible. Es nuestra obligación hacerlo en un futuro inmediato nuevamente decente y la figura de estos hombres será seguramente nuestra guía.
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