El magistrado entiende que no hay elementos suficientes para impulsar la pesquisa requerida por el fiscal Pollicita a instancias de la investigación del fallecido Alberto Nisman
Rafecas desestimó la denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner
El juez federal Daniel Rafecas rechazó hoy el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita en el que imputó a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA y que habían sido denunciados por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado no encontró elementos suficientes para abrir una causa penal.
Nisman había presentado su denuncia contra la Presidenta el resto el miércoles 14 de enero y cuatro días después fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su piso de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero.
“Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”, publica el CIJ.
Para Rafecas, del análisis de los acompañados al momento de la presentación de la denuncia “inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto “plan criminal” denunciado”, señala el CIJ en su sitio web.
“De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas”, completa el CIJ.
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